En opinión del Profe: El cateo de la Fiscalía al Instituto Mártires 20 de Febrero en la UAN

• Las instalaciones del Instituto pertenecen a la Universidad Autónoma de Nayarit, por lo tanto jurídicamente no se le puede entregar a un particular, como indiscutiblemente es una Asociación Civil, dado que en la Ley actual es un claro desvío de recursos por usar espacios universitarios sin que se encuentre vigente el préstamo o renta del espacio físico.

La exigencia de la SEP es que tampoco se pueden destinar recursos y subsidios a la educación básica, porque también por Ley, las funciones sustantivas de la UAN son la docencia, investigación y extensión de la cultura a través de la educación media y superior.

• Los trabajadores adscritos a estos planteles, fueron reubicados a otras áreas, no fueron despedidos, por lo tanto no pierden sus derechos laborales.

• Mantener el Instituto Mártires representa de 60 a 70 millones anuales para la UAN, por lo tanto en plena crisis financiera y con apoyos federales y estatales extraordinarios, no es posible mantener esta concesión, así renieguen, pataleen y tomen instalaciones

El tema del cateo de la Fiscalía al Instituto Mártires 20 de Febrero del SETUAN, más bien de Luis Manuel Hernández y su familia, tiene que ver con las carpetas de investigación que se tienen contra todo el árbol genealógico, la “cofradía” como la denominó el propio Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, que controlaba como escuelas privadas tanto el CENDI, como la primaria y la secundaria, disfrazadas de “conquistas sindicales”, nada que ver con supuestamente “negar el derecho a la educación a los niños”, ni tampoco en la afectación en sus derechos laborales a los trabajadores adscritos a estos planteles, ya que fueron reubicados en otras áreas, por lo que conservarán sus plazas, mucho menos con atentar contra la “autonomía universitaria”.

Y es que los corifeos y beneficiados por la familia imperial Hernández Aguilar, no más de 200 entre empleados administrativos, al haberse sido acreedores a ingresos a la nómina de esposas, hijos, sobrinos, “amantes”, hermanos, cuñados, reiterados préstamos incobrables o sin intereses, enganches para autos, casas, padrinazgos de quinceñeras, bautizos, comuniones, borracheras, comidas, “orgías” de Gengis en plenas oficinas así como todo tipo de dádivas, además del derecho de exclusividad del ingreso de los hijos al instituto, porque no cualquier docente o trabajador podía tener ese privilegio, se reservaban el derecho de admisión, incluso admitían a hijos de personas ajenas a la plantilla laboral de la UAN.

El CENDI nació hace alrededor de 36 o 37 años, quedó debidamente registrado ante la SEP, como una garantía al derecho de guardería de los hijos de los trabajadores, lo que es normal y legítimo, prestación contemplada en la Ley Federal del Trabajo y en el Contrato Colectivo setuanista; pero este proyecto no fue acompañado de su control administrativo, ni el ingreso de su personal como debiera ser, pues su nómina es pagada por la Universidad, por lo que tenía en estar sujetas a la normativa de la institución, pero no fue así, en todo ese tiempo siempre operó como una propiedad y concesión de los exrectores para Luis Manuel Hernández y sus hijas, era una de las bases de su “poder”, al que se le fueron sumando la lealtad de todo docente “palomeado” que aceptaban a sus hijos.

Pero ante el negocio redondo que significaban las “cuotas de recuperación” derivado del pago de su nómina por la universidad, del personal docente que ellos decidían, sin que interviniera incluso el SPAUAN, ya que las funciones docentes de todos quienes ingresan la UAN corresponden a este sindicato y no al SETUAN, lo que ha sido todo el tiempo una palmaria irregularidad, descubrieron entonces ampliar el “negocio”, luego mágicamente se extendieron a la primaria y secundaria, convirtiéndose mañosamente en una Asociación Civil, presidida obviamente por Luis Manuel Hernández, obvio para no rendir cuentas con el manejo de los recursos por parte de su hija Aidé Hernández Aguilar, que se entronizó en el cargo de directiva, sin absolutamente ningún mérito académica ni administrativo más que ser hija del factótum, y es que al ser planteles de la universidad lo lógico era que el ingreso de los docentes, el control de puntualidad y asistencias, al igual que la elección de mandos administrativos, debería estar sujeta a la normativa universitaria.

El tema actualmente es netamente jurídico, de transparencia y de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la propia Auditoría de Nayarit y la SEP, ya que las Leyes y normativa secundaria ya cambiaron en México, en tanto a la trasparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos, “dura lex, sed lex”, como sin duda son los que se manejaban en la UAN destinados al Instituto Mártires, en una “autonomía mal entendida”, ya que esta se refiere al “autogobierno”, sin embargo, todo organismo que sea financiado y subsidiado con recursos públicos, es sujeto de auditoría, federal y estatal, les guste o no a la “mafia setuanista” controlada bajo la sombra de su escondite por el “Gengis”, nuevo “jefe de la cofradía Hernández”, que se resiste a perder sus privilegios y el de su “gavilla” de facinerosos, que en su vida han sido empleados administrativos detrás de un escritorio, pero han tenido una vida de riqueza, lujos y excesos, a ojos vistos de la sociedad y la comunidad universitaria, situación que increíblemente “toleran” sus seguidores que son una minoría en la Universidad, entre el universo de docentes y administrativos.

Y es que de entrada ante el gran boquete financiero y la crisis que tocó fondo de la UAN, que reiteramos tiene nombres y apellidos, que no son precisamente los de la actual Rectora Norma Galván Meza, así no les parezca a los detractores y recalcitrantes críticos, es la verdad, a ella le “tronó el cuete” debido a las irresponsabilidades administrativas del pasado y los excesos en las concesiones de privilegios a los denominados “sectores”, más a los aludidos del SETUAN, se podía entonces, y como sea le acomodaron una serie de prestaciones que ahora el Gobierno Federal considera excesivas, fuera de las que contempla la Ley Federal del Trabajo.

Ante esta problemática de crisis financiera y política en la Universidad, tal vez se diga que la Doctora Norma Galván Meza como funcionaria formó parte de los dos periodos rectorales anteriores, efectivamente, pero en la Secretaría de Docencia, en donde no se manejaban recursos, pero si se diseñó y se hizo todo el trabajo académico que hoy coloca a la UAN en sus mejores indicadores de toda la historia, por eso llegó precisamente a Rectora, por su constante trabajo en el diseño de las políticas académicas de la institución.

Norma Galván ya siendo rectora respondió a los cuestionamientos de la prensa en tanto a las irregularidades, señalando categórica que “muchas cosas las sabía, pero otras no, más las que tenían que ver con las finanzas, que no se enteró hasta que asumió el mando de la institución”, algo similar a lo que el Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero se dio cuenta, del mar de corrupción y desfalcos descomunales, de los exmandatarios Ney González y Roberto Sandoval.

Pero volviendo al tema de las observaciones de la ASEF, la ASEN y la SEP, la Universidad su función es impartir la docencia, la investigación y la extensión de la cultura, a través de la educación media y superior, no la educación básica, ya que el subsidio federal y estatal, aunque insuficiente, no puede por Ley destinarse a educación básica, además de que los terrenos en donde están asentadas las instalaciones del Instituto Mártires pertenecen a la Universidad Autónoma de Nayarit, por lo tanto jurídicamente no se le puede entregar a un particular, como indiscutiblemente es una Asociación Civil, dado que en la Ley actual es un claro desvío de recursos por usar espacios universitarios sin que se encuentre vigente el préstamo o renta del espacio físico.

En este marco, por lo tanto, el personal docente y administrativo contratado por la Universidad, según marca la Ley no son para labores de educación básica, así lo observó la Auditoría Superior de la Federación puntualmente, entonces la SEP señaló que un programa de rescate financiero no podía estar sujeto a que la institución siguiera subsidiando las escuelas Mártires. A la UAN no le quedó de otra más que apechugar ya que de todos los males, era el menor, para garantizar el pago de salarios, prestaciones de fin de año y no volver a comprometer el presupuesto universitario 2023.

El Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, ofreció pasar al Instituto Mártires y al CENDI a la autoridad educativa con cargo al Estado, pero la “mafia setuanista” del Gengis no aceptaron, incitaron a los padres de familia a oponerse, y es que no se admitió la propuesta del Gobernador, porque se les acabaría el negocio del control de “la cofradía” que maneja los tres planteles, serían sujetos a las normas de la SEP, tanto en la carrera docente como en la designación de directivos, impensable para ellos, ya que era una de las bases de su poder de influencia con sus seguidores, amén que las hijas de Luis Manuel dejarían de controlar los recursos de las cuotas y la administración escolar.

De no aceptar de otra manera la exigencia de la autoridad federal era despedir al personal, pero a petición de la dirigencia del SETUAN que ahora encabeza Guadalupe Ulloa, con la aceptación de la Rectora, entonces a partir de la semana anterior se están reasignando a otras áreas los trabajadores adscritos a estos planteles, en aras de que conservaran sus empleos y no perjudicarlos en sus derechos laborales como fue la exigencia de la autoridad federal, esto es lo importante, o sea los trabajadores no fueron despedidos, en donde por cierto la mayoría ya realizó su trámite para su resignación y este próximo lunes seguramente se estarán presentando en sus nuevos centros de trabajo.

Mantener el Instituto Mártires representa de 60 a 70 millones anuales para la UAN, por lo tanto en plena crisis financiera y con apoyos federales y estatales extraordinarios, no es posible mantener esta concesión, así renieguen, pataleen y tomen instalaciones, sobre el entendido que es Ley porque viene en su contrato, pero el propio Luis Manuel decía que “no se le puede sacar dinero a las piedras” y las finanzas de la universidad ya no dan para más, porque esos millones deben ser para la asignatura pendiente que tiene la UAN que es “la justicia laboral” para el docente de base, al soldado raso del aula, al no privilegiado por las recomendaciones de las cúpulas de los sectores, que tiene años esperando reclasificaciones y tiempos completos, porque es verdad que es importante la función administrativa, pero más lo es la función docente, que es la esencia de la Universidad, ya estuvo bueno de los privilegios setuanistas, pero que aclaro no era para la inmensa mayoría de la base trabajadora.

Se que me dirán chayotero, que me van a mentar la madre, que soy esto y lo otro, pero es lo cierto; las verdaderas madres trabajadoras, no tienen tiempo para andar en manifestaciones, a las que convocan como carne de cañón para el próximo lunes en las instalaciones del CENDI, porque al igual que al docente que no asiste a su centro de trabajo, se hacen acreedores al levantamiento de actas administrativas o descuentos antes de las tres faltas consecutivas, que ahorita ronda en los 500 pesos el día.

La Fiscalía es verdad le falta tacto para su irrupciones a la Universidad, que fueron por mandato de un Juez, aquí no vale si la Rectora Norma Galván lo permite o no, en las carpetas de investigación hay hechos con presunción de delitos en el manejo de los recursos públicos y de ingreso de plazas del Instituto Mártires, nada que ver con que se “niega el derecho a la educación a los niños”, ya corresponderá a la dirigencia del SETUAN, lograr el que las auténticas madres trabajadoras, se les asigne un apoyo legal económico o se les garantice la guardería para sus pequeños hijos en guarderías oficiales de la SEP o IMSS, en este sentido, la propuesta del Gobernador no era mala, de trasladar el CENDI y el Instituto a la autoridad educativa estatal y federal, pero no quisieron.

En la próxima entrega, habrá que investigar la donación del ejido Los Fresnos en los inicios de la Universidad, en donde toda la franja frente a Medicina y Enfermería, así como otra parte por la avenida Río Shuchiate, eran para vivienda de los trabajadores, pero hay gato encerrado en determinar cómo terminaron en propiedad de Luis Manuel Hernández y su familia, basta con ver el plano original y el acta de la asemblea ejidal de esa fecha, que consta en sus archivos. Y así se enojen, es la verdad. “Ya no es lo mismo de antes” dijera el Presidente AMLO. Va.