“Mega-Operativo Nayarit» es señalado por posible corrupción y despojo de terrenos
El denominado “Megaoperativo Nayarit”, impulsado por el gobierno estatal y presentado como una acción de utilidad pública, fue denunciado como un entramado de corrupción destinado a despojar terrenos a particulares y ejidatarios, beneficiando intereses turísticos privados.
La denuncia surge apenas una semana después de que el gobernador de Nayarit, el fiscal estatal y José Gabriel Camarena Morales ofrecieran una rueda de prensa en la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), donde presumieron los “logros” del megaoperativo, incluyendo aseguramientos de predios y acciones legales contra particulares.
En conferencia de prensa en Guadalajara, el abogado Cristian González Puig, representante legal del jalisciense Joel Marín García, aseguró que el operativo se ha utilizado para fabricar carpetas de investigación y consumar despojos. Según González Puig, la subfiscal Luzmila Heredia Verdugo, con experiencia previa como directora del Fideicomiso de Valle de Banderas (FIBA) y cercana al exfiscal Edgar Veytia, dirige la ejecución de estas acciones.
El abogado también señaló al coordinador general jurídico del gobierno estatal, José Gabriel Camarena Morales, quien ya enfrenta denuncias ante la FGR por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
El caso central involucra a Joel Marín García, detenido por supuestamente promover demandas de amparo contra procedimientos de expropiación y acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. La defensa afirma que Marín García únicamente actúa como representante legal con un poder para pleitos y cobranzas, y que nunca ha tenido la propiedad de los inmuebles.
González Puig informó que el gobierno asegura haber “recuperado” alrededor de 900 mil metros cuadrados de terrenos, mientras que existen al menos 87 casos adicionales con denuncias de fabricación de carpetas, aseguramientos y expropiaciones similares.
La defensa hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al fiscal general Alejandro Gertz Manero, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la relatora especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, exigiendo la liberación inmediata de Marín García, la suspensión del operativo y una investigación seria por parte de la FGR.
González Puig concluyó que la acción gubernamental no solo representa un procedimiento jurídico, sino también un mensaje para silenciar a quienes defienden sus derechos frente a los despojos.