La extorsión representa una amenaza directa para la economía local
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la última década el número de víctimas de extorsión aumentó más de 78%, pasando de poco más de 6 mil casos anuales a más de 11 mil.
Ante el crecimiento sostenido del delito de extorsión en el país se ha convertido en uno de los principales factores que presionan la operación, la inversión y la generación de empleo formal
En Puerto Vallarta, la extorsión representa una amenaza directa para la economía local, particularmente para las micro y pequeñas empresas, que constituyen justamente la base del empleo formal.
La modalidad más frecuente en el municipio es la extorsión vía llamada telefónica, donde los delincuentes se hacen pasar por integrantes de grupos criminales, funcionarios públicos, autoridades del SAT o supuestos contadores, generando miedo e intimidación para obtener pagos inmediatos.
“Este fenómeno no solo genera pérdidas económicas, sino que deteriora la confianza empresarial, inhibe la inversión y afecta la estabilidad social y turística del destino. En una ciudad cuya economía depende en gran medida del turismo nacional e internacional, la percepción de inseguridad tiene consecuencias directas en la competitividad del destino”, cita el pronunciamiento de Coparmex Puerto Vallarta.
La propuesta del organismo es que en Puerto Vallarta, as autoridades estatales y municipales aceleren la creación de capacidades operativas, asignen presupuesto suficiente y garanticen que las denuncias puedan realizarse de manera segura, confidencial y efectiva, especialmente para las micro y pequeñas empresas.
“Desde COPARMEX Puerto Vallarta reiteramos la necesidad de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil, así como de impulsar campañas de información que permitan identificar y desactivar intentos de extorsión”.
Finalmente, se pronuncia porque la extorsión no se normalizarse. Proteger a las empresas locales es proteger el empleo, la inversión y la estabilidad social de Puerto Vallarta. La implementación efectiva de la Ley General para Combatir la Extorsión debe traducirse en resultados concretos que devuelvan la confianza y la seguridad a quienes generan desarrollo en nuestra ciudad.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la última década el número de víctimas de extorsión aumentó más de 78%, pasando de poco más de 6 mil casos anuales a más de 11 mil.
En 2025, 20 de las 32 entidades federativas registraron incrementos en este delito, confirmando la expansión de este ilícito y su impacto directo en la actividad económica.
Lejos de ser un fenómeno aislado, la extorsión se consolida como un problema estructural que afecta a casi dos tercios del territorio nacional.
Implementación de la Ley General para Combatir la Extorsión La reciente Ley General para Prevenir y Combatir la Extorsión representa un avance relevante en el fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Esta legislación establece un marco jurídico homologado para que las entidades federativas implementen unidades especializadas en las fiscalías, protocolos de atención a víctimas, mecanismos de coordinación interinstitucional y acciones de prevención con enfoque territorial.