Lleva ante el Juez Fiscalía Anticorrupción a 3 funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje y logra que se vincule a proceso a uno de ellos

• Se trata de la primera servidora pública de la Junta de Conciliación y Arbitraje vinculada a proceso por investigaciones realizadas por agentes de MP de esta Fiscalía Especializada

Por delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público, la tarde de este lunes en audiencia inicial, fue vinculada a proceso  Sandra Araceli «N», quien se desempeñaba como presidente auxiliar de la 16 Junta de Conciliación y Arbitraje, por el Juez Décimo Quinto de Control y Enjuiciamiento, Luis Enrique Razo Jiménez.

Por este caso, donde se vio afectada la empresa Kyoto Clear, agentes de Ministerio Público de esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, llevaron ante el Juez a tres servidores públicos de la Décimo Sexta Junta de lo Local de  Conciliación y Arbitraje en calidad de imputados:

Luis Rodrigo «N», presidente especial, y  Sostenes Arturo «N», secretario de la misma Junta.

Sin embargo, tras valorar las pruebas presentadas por esta Fiscalía, el Juez resolvió vincular a proceso únicamente a Sandra Araceli «N».

Los hechos ocurrieron en el año 2019, cuando se puso a consideración de la Décimo Sexta de lo Local de Conciliación y Arbitraje un convenio de terminación laboral celebrado entre la empresa Kyoto  Clear y un supuesto trabajador, mismo que fue presentado por quien se ostentó como representante legal de la empresa.

Dicho convenio obligaba a la empresa a pagar un millón 970 mil pesos al supuesto empleado, pero al momento de ser ratificado por la autoridad para efectos de hacer el pago de dicha cantidad, la autoridad laboral no respetó los términos de Ley y al día siguiente ejecutó un embargo de las cuentas bancarias de Kyoto Clear de forma irregular.

Además, esto lo hizo de manera conjunta con un representante legal que ya no tenía facultades en Kyoto Clear. Cuando la empresa se enteró de la situación irregular le notificó al presidente de la Junta Especial que ese convenio no tenía validez porque ese representante legal había revocado de sus funciones.

Posteriormente el mismo presidente echó abajo el convenio, pero para entonces ya habían pagado 650 mil pesos al supuesto trabajador, como resultado del embargo de las cuentas bancarias, cuando ni siquiera había laborado para la empresa Kyoto Clear.

También se constató que fue cobrado un cheque de caja por un millón 250 mil pesos, pues el 5 de diciembre de 2019, Sandra Araceli «N», la mujer vinculada a proceso, entregó el cheque al supuesto trabajador, a pesar de conocer la situación anómala, de saber que el convenio ya no tenía validez, y de que en días previos la empresa Kyoto Clear había solicitado que le devolvieran el cheque tras demostrar que el trabajador no laboró con ellos.

Como parte de la vinculación a proceso, el Juez dictó las siguientes medidas cautelares, para la mujer, que actualmente ya no labora en la Junta de Conciliación y Arbitraje:

Acudir a firmar ante el Juez de manera mensual por seis meses y no salir del estado. Asimismo, se fijaron dos meses para la investigación complementaria.

Aunque los otros dos imputados no fueron vinculados a proceso, la Fiscalía Anticorrupción continuará con las investigaciones necesarias para llevarlos nuevamente ante el Juez.