ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO DE ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN (28 DE SEPTIEMBRE)

•  En 2019, las instituciones públicas del país recibieron 1 040 166 solicitudes de acceso a la información pública, es decir, 822 solicitudes por cada 100 000 habitantes.
• Para atender estas solicitudes, las instituciones públicas del orden federal y local contaron con 9 193 servidores públicos en las unidades de transparencia, quienes tuvieron una carga promedio de trabajo de 113 solicitudes al año.
•  La respuesta institucional a las solicitudes se caracterizó por entregarse dentro del plazo legal (88.2% de las solicitudes) y por proporcionar información completa (73.1%).

En 2015 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el 28 de septiembre como Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información para reconocer la importancia del acceso público a la información en la toma de decisiones y la rendición de cuentas del gobierno.

El acceso a la información es un derecho humano reconocido en distintos instrumentos internacionales[1] y nacionales[2] que alude a la libertad de las personas para buscar, recibir y difundir información de diversa índole y por cualquier medio. Es un derecho indisociable del derecho a la libertad de expresión; para garantizarlo, el Estado mexicano lo ha reconocido en el artículo 6º de la Constitución, lo ha articulado en instrumentos normativos de alcance general[3] y lo materializa en un diseño institucional por medio del cual responde a las necesidades de información de la ciudadanía.

Así, en México, las instituciones de los tres poderes y ámbitos de gobierno, los organismos autónomos, partidos políticos, fondos, fideicomisos, sindicatos, personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad deben proporcionar información a quienes la soliciten a través de los mecanismos institucionales dispuestos. A estos entes públicos se les denomina sujetos obligados.

Para conmemorar este día, aquí se describe la demanda de información pública por parte de las y los mexicanos y se caracteriza la capacidad y respuesta institucional. La información proviene de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) y de los Censos Nacionales de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal.[4]

En 2019, 62.6% de las personas mayores de 18 años conocía o había escuchado sobre el derecho de acceso a la información. Un porcentaje mayor de la población adulta en el país ejerció este derecho para conocer información que afecta su vida diaria (71.9%), a través de consultas de información sobre oferta de servicios de salud, horarios de clínicas u hospitales, disponibilidad de medicamentos, calendario escolar, ofertas de empleo en el gobierno, requisitos para obtener apoyo de programas.

 

sociales, o bien, conocer las áreas con mayor inseguridad pública, por mencionar algunos ejemplos.[5] Estos datos nos muestran que no hace falta reconocer la existencia del derecho para poder ejercerlo.

Las leyes de transparencia y acceso a la información pública en México establecen la información que los sujetos obligados deben poner a disposición del público (obligaciones de transparencia),[6] así como los procedimientos de acceso a la información pública.[7]

La misma legislación determina los plazos para que las instituciones públicas respondan con información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, en el marco de un claro régimen de excepciones de datos reservados o considerados como confidenciales.[8] En este sentido, los datos indican que en 2019, las instituciones públicas del país —en todos los niveles— recibieron 1 040 166 solicitudes de acceso a la información pública, que representaron 822 solicitudes por cada 100 000 habitantes.

Esta demanda de información ha crecido en los últimos años a una tasa anual de alrededor de 30%. Al desagregar por nivel de gobierno, los datos indican que 23.5% (244 195) de las solicitudes se presentaron ante instituciones del ámbito federal, 44.6% del ámbito estatal y 31.9% del ámbito municipal.

Por entidad federativa, las instituciones públicas estatales de Jalisco y la Ciudad de México tuvieron la mayor tasa de solicitudes durante 2019, con 1 939 y 1 725 por cada 100 000 habitantes, respectivamente. Ambos estados concentraron 30.5% de las peticiones hechas a las instituciones estatales del país. En contraste, las dependencias de Puebla y Nuevo León presentaron las tasas más bajas con 175 y 135 solicitudes recibidas por cada 100 mil habitantes, respectivamente.