Protesta contra nuevos impuestos en el Puerto Internacional de Puerto Vallarta
La reciente aprobación de una legislación en la Cámara de Diputados, que podría ser ratificada por el Senado este martes, ha generado una ola de protestas en las comunidades portuarias de México. Esta medida, que impone un impuesto adicional de 42 dólares por pasajero a partir de enero de 2025, ha levantado alarmas entre los actores del sector turístico, que temen sus devastadoras consecuencias para la economía local.
Hoy, decenas de operadores turísticos, comerciantes, transportistas y trabajadores del turismo se manifestaron en el puerto internacional de cruceros de Puerto Vallarta, exigiendo la cancelación o al menos el retraso de esta nueva política. La protesta fue encabezada por distintos líderes turísticos, empresarios, cámaras de comercio y por la regidora de Servicios Turísticos y Atención al Visitante del Gobierno de Puerto Vallarta, Melissa Madero, quien ha sido una de las voces más críticas frente a los nuevos impuestos turísticos.
“Este impuesto podría resultar catastrófico para las miles de familias que dependen del turismo de cruceros en México. En nuestro puerto, esta medida elevaría el costo de los cruceros un 213% en comparación con el promedio de otros puertos del Caribe, lo que pondría a México fuera del mercado”, destacó Madero durante la protesta.
La preocupación de los manifestantes radica en que el aumento de tarifas reducirá significativamente el número de escalas de cruceros en los puertos mexicanos, lo que afectaría el flujo de más de 10 millones de pasajeros y más de 3,300 arribos previstos para 2025. Según la regidora, la industria de cruceros genera alrededor de mil millones de dólares en ingresos directos para las empresas mexicanas, además de más de 20,000 empleos y salarios por un valor superior a los 200 millones de dólares anuales.
“El turismo de cruceros representa una parte fundamental de la economía de Puerto Vallarta y de muchas otras comunidades costeras. Este sector es el sustento de miles de familias. Si no actuamos a tiempo, no solo perderemos los ingresos inmediatos, sino también las inversiones a largo plazo que las líneas de cruceros han comprometido en México”, añadió Madero.
La regidora hizo un llamado urgente a los ciudadanos y autoridades locales para que exijan a los legisladores, senadores y a la presidenta, que frenen esta medida antes de que entre en vigor y realmente se analice bien. “Las líneas de cruceros ya están reconsiderando sus rutas, lo que podría poner en peligro más de mil millones de dólares en inversiones previstas para proyectos de infraestructura turística, programas sociales y empleo local”, explicó.
A pesar de las protestas y el rechazo en varios sectores, el gobierno federal aún no ha emitido una postura oficial respecto a las peticiones de modificación. Los afectados continúan movilizándose en busca de una solución que balancee las necesidades fiscales con la realidad económica de las comunidades costeras.
Con la implementación de esta legislación programada para el 1 de enero de 2025, el tiempo apremia. “El bienestar de miles de familias mexicanas está en juego. Es nuestra responsabilidad garantizar que se tomen en cuenta los intereses de las comunidades locales antes de aprobar una legislación que podría tener efectos irreversibles”, concluyó la regidora.
Mientras tanto, el sector turístico y las autoridades locales siguen a la espera de decisiones cruciales que definirán el futuro del turismo de cruceros en México, un sector que, para muchos, es la clave de su sustento y desarrollo económico.