En el marco del trabajo que realiza la Semarnat para el cumplimiento ambiental del sector inmobiliario en Puerto Vallarta, la dependencia interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia a favor del proyecto inmobiliario Harbor 2, emitida por la Sala Especializada Mixta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un juicio administrativo en línea, ya que se incumplieron las reglas del debido proceso y de la protección ambiental.

El proyecto inmobiliario Harbor 2, autorizado por el tribunal y promovido por Inmobiliaria Parsi, implica la edificación de 6 torres de 25 niveles con 987 departamentos, estacionamiento subterráneo, áreas comerciales y recreativas, en un terreno de 17,963 m² ubicado en la Zona Hotelera de Puerto Vallarta. 

La sentencia que propuso el magistrado Gonzalo Romero Alemán y aprobada por el tribunal, otorgó anuencia al proyecto sin evaluación previa y sin autorización de impacto ambiental. Tal beneficio se otorgó sobre la base de dos errores: una, impedir que Semarnat planteara sus argumentos o alegatos, y otra, otorgar una anuencia ambiental improcedente. 

La irregularidad judicial impidió que la Semarnat presentara argumentos o alegatos como ordena el debido proceso establecido en la Constitución y en los tratados internacionales, debido a que el tribunal jamás notificó a la Semarnat que se abriera la etapa para argumentar o presentar alegatos. La falla del tribunal se demuestra con una fe notarial, solicitada por el jurídico de Semarnat:

Por otra parte, la inmobiliaria reconoció dentro del expediente que el proyecto se encuentra en el ecosistema costero, por lo que legalmente está obligado a contar con evaluación de impacto ambiental como establece el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), cuestión fundamental que, de manera jurídicamente cuestionable, el tribunal omitió en su sentencia para dar anuencia al proyecto turístico. 

Ante ello, la Semarnat interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia emitida. Con esa acción se reitera el compromiso con la defensa del patrimonio natural de México y con el cumplimiento estricto de la legislación ambiental nacional e internacional.