Melissa Madero impulsa histórica reforma ecológica: “sanciones más justas contra delitos ambientales”
Puerto Vallarta, Jal.— Con el respaldo de expertos, organizaciones ciudadanas y marcos legales nacionales e internacionales, la regidora Melissa Madero presentó una iniciativa de reforma al Reglamento de Ecología del municipio, con el objetivo de modernizarlo, hacerlo más justo y eficaz, y fortalecer la protección del medio ambiente.
La propuesta plantea sustituir el uso del salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como base para el cálculo de sanciones, en cumplimiento con lo establecido por la reforma constitucional de 2016. También actualiza alrededor de 80 artículos del reglamento, adaptando su lenguaje a la nueva estructura administrativa municipal —reconociendo a la Dirección de Sostenibilidad Ambiental— e incorpora criterios técnicos para valorar con precisión el daño ecológico.
“La reforma busca cerrar vacíos legales que han limitado nuestra capacidad para actuar frente a delitos ambientales”, explicó la regidora Madero. Como ejemplo, recordó el caso de la tala ilegal de tres árboles centenarios en Fluvial Vallarta en diciembre de 2024. A pesar de la afectación ecológica, la sanción impuesta fue de apenas $35,000 pesos, cuando debió de haber sido casi de $200,000, aún con el esquema anterior.
Además del cambio en la base sancionadora, la iniciativa incluye una fórmula técnica para calcular el valor del daño ecológico, considerando variables como especie, ubicación, madurez del árbol y valor ambiental. Esta metodología se basa en literatura científica y modelos desarrollados por organismos como la FAO, INIFAP y la Universidad de Guadalajara.
La reforma cuenta con el respaldo de organizaciones como Reforestamos México, la Asociación Mexicana de Arboricultura, la Universidad de Guadalajara, el Grupo Ecológico de Vallarta y Mujeres en Amor por un Futuro Mejor.
“Estamos alineando a Puerto Vallarta con los principios de justicia ambiental, sostenibilidad y gobernanza efectiva. Esta es una oportunidad para consolidarnos como un destino turístico responsable que defiende su riqueza natural”, puntualizó la regidora.
La propuesta se fundamenta en los artículos 4º y 115 de la Constitución, así como en el Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030 (ODS 15). De ser aprobada, representaría un parteaguas en la manera en que el municipio enfrenta los delitos ecológicos, reforzando la protección del patrimonio natural y la capacidad institucional para sancionar con justicia.